María Teresa de la Cruz de Fátima.

En los años 70 y 80 la protección a la mujer víctima de maltrato era prácticamente nula. Ya teníamos una recién estrenada Constitución, que en su artículo 4 rezaba: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Es decir en la Constitución se reconocía ya la igualdad entre hombres y mujeres, aunque la realidad era bien distinta, y muchas mujeres eran víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico, con el beneplácito de casi toda la sociedad.

Poco a poco la mujer fue consiguiendo que se reconocieran sus derechos, y llega un momento en el que ya se reconoce y se define la violencia doméstica, como un problema que la sociedad tiene que atajar.

Recuerdo que era el año 1998, cuando la granadina Ana Orantes, fue asesinada por su marido tras contar en la televisión andaluza,  su drama llega en un momento en que las mujeres no alzaban su voz para denunciar los malos tratos que padecían en silencio dentro de sus casas.

Su muerte fue un revulsivo para toda la sociedad. Ana Orantes, ama de casa y madre de once hijos, se convirtió en 1997 en el rostro amargo de la violencia en el hogar, que hizo reaccionar al Gobierno para empezar a abordar ese asunto, hasta entonces oculto en la esfera privada.

Es entonces cuando se habla de hacer una ley de violencia doméstica, que protegiera a mujeres, hombres, ancianos y niños en el ámbito del hogar.

Y el 30 de Abril de 1998,  el Gobierno, presidido por José María Aznar, aprueba el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000), que incluye agresiones e insultos dentro de la pareja y se extiende a todo el núcleo familiar.  Se reforma el Código Penal, para que las faltas de lesiones pasen a ser delito si se producen en el ámbito doméstico.

Hasta ahí todo muy bien, pero es en el 2004, cuando el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero aprueba un Proyecto de Ley Integral contra la violencia de Género, cumpliendo así su promesa electoral.

Los socialistas, malabaristas del lenguaje, cambian la palabra “doméstica” por “género”, y a la mayoría de las personas este detalle nos pasa desapercibido.

Años más tarde, ya hemos entendido ese  juego con el lenguaje: la ley era específica para la mujer, solo la protegía a ella del maltrato.

Para ello se ponen  en marcha juzgados especializados  y la nueva tipificación penal, con condenas más fuertes para los hombres que agredan a sus parejas o ex parejas.

La agresión podía ser física o psíquica (tan difícil de demostrar), y el hombre era acusado de maltrato con la simple denuncia en los juzgados de la mujer. Y es cuando se pone en marcha el teléfono contra el maltrato: el 016, una línea gratuita, de asistencia a las víctimas y de consulta ante cualquier situación de maltrato y campañas millonarias publicitarias en televisiones y medios de comunicación.

Todo muy bien, si a ese teléfono pudiera llamar un anciano que está siendo maltratado por su hija o hijo, una menor agredida por alguno de sus padres, un hombre  insultado o agredido por su pareja, y por supuesto una mujer que está siendo maltratada. Pero no, al 016 solo pueden llamar mujeres y cuando el agresor es su pareja o ex pareja.

¿Qué estaba pasando? Yo ni me enteré, sinceramente. Pensaba que el 016 era un teléfono de asistencia a todas las personas que estaban siendo humilladas o golpeadas, y me parecía muy bien. Todo lo que fuera proteger a las personas (sin discriminar sexo, edad, raza,) estaba bien.

Pero esta Ley totalmente inconstitucional tenía gato encerrado: .Discriminaba por motivo de sexo a los hombres enfrentándolos con las mujeres, pues la palabra de ella en una denuncia era totalmente válida para detener al varón (obviando la presunción de inocencia) y tenerlo en los calabozos hasta ponerlo a disposición judicial, que si la denuncia es un viernes, esto significa que hasta el lunes está el buen señor en la cárcel.

Esta simple denuncia sin todavía sentencia, es válida para presentarla en los servicios sociales y comenzar el trámite para cobrar el Sueldo de Reinserción como mujer maltratada, en torno a 600 euros.

 El negocio reside en el número de víctimas: a mayor de víctimas más subvenciones europeas. Y con la simple denuncia por maltrato ya se obtiene la subvención, que ronda los 3.200 euros por supuesta víctima. Es decir  Europa no mira si la denuncia ha sido archivada o es condenatoria. Paga 3200 euros a entidades públicas mucho antes de que se celebre el juicio y saber si el hombre es culpable de lo que se le acusa.

Desde despachos de abogados, tengo constancia que asesoran a las mujeres a  poner una denuncia falsa en los procesos de divorcio (véase el caso de José Antonio Pallero Bote, en su libro “YO MALTRATADO (R), o de Jesús Muñoz, víctima de denuncia falsa).

Esta denuncia es la clave: Se le da curso por el Juzgado de Violencia de Género,  que es mucho menos benévolo con el hombre que con la mujer, y parte interesada en que la tela de araña del entramado  de violencia de género no se rompa.

Al presunto maltratador se le pone una orden de alejamiento en espera de juicio, se le aparta de sus hijos y hogar (que tiene que seguir manteniendo religiosamente) y por supuesto se puede ir olvidando de la custodia compartida.

Según un artículo de la revista digital El Imparcial  (www.elimparcial.es/noticia/41493/sociedad/tres-de-cada-cuatro-denuncias-por-malos-tratos-son-archivadas.htm) “Sólo el 16 por ciento de las denuncias por violencia de género acaba en una sentencia condenatoria del agresor. En el resto de los casos, lo más frecuente es el archivo o sobreseimiento.

Ante esta situación, los hombres afectados se sienten indefensos, puesto que incluso sus abogados les recomiendan no denunciar a sus parejas para evitar que éstas como respuesta, les denuncien a su vez por malos tratos.

A pesar de que la denuncia falsa constituye un delito, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, sólo cinco mujeres han sido condenadas en firme por denunciar en falso a sus parejas o ex parejas.

El portavoz de “Padres y Madres en acción” ha denunciado que existe una orden no escrita para que el Fiscal no persiga a estas mujeres. Por ello, la asociación se encarga de propiciar  juicios de faltas cuando tienen conocimiento de un caso de denuncia falsa”.

Por el contrario oficialmente se habla de un 0,0075% de denuncias falsas.

Según leemos en https://disidentia.com/quienes-se-lucran-ley-violencia-genero/

” Ese famoso 0,0075% hace referencia solamente a los casos en los que se abrió un proceso penal contra la mujer, se acusó, juzgó y condenó, confirmando la Audiencia Provincial la sentencia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía no actúa de oficio ante un falso testimonio. Lo cierto es que sólo actúa en casos muy flagrantes y, además, resulta que denunciar sin pruebas no es un delito. Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es que la Fiscalía no es independiente: trabaja para el Gobierno, para el Poder Político.

Y es que existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa

Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias.

A través de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos.

Una tercera parte de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras partes atienden al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran maltratadas y al número de denuncias interpuestas.

Así, a mayor número de denuncias más dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y presunción de inocencia.

A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal base legal constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015.

A la sombra de la “Ley de Violencia de Género”, se repartieron más de 93 millones de euros en subvenciones desde el año 2014

Pero ¿Qué entramado hay tejido entorno a todas estas subvenciones?

“El feminismo radical marca en España una presión mediática brutal. Poca gente sabe realmente hasta dónde llega. El dinero lo mueve todo y, por desgracia, la violencia de género arrastra detrás de sí cifras astronómicas en publicidad para los medios, en subvenciones para los políticos, sindicatos y asociaciones de todo tipo”. Quien así habla es José Antonio Caparrós, presidente de la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva (FADIE).

Andalucía cuenta con “más de 2.000 asociaciones y federaciones de mujeres”.

La propia Junta andaluza detalla el listado en la web destinada a sus políticas de “igualdad de género”.

Este es uno de los efectos que pretende combatir VOX con su propuesta de acabar con la “ideología de género”, cuya implementación ha dado lugar a una nueva y muy amplia red clientelar alimentada a base de “subvenciones millonarias”.

Las políticas de igualdad de la Junta son canalizadas a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que “vela por el incremento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, presta asesoramiento a la Administración y promueve la difusión de los valores de la igualdad entre la sociedad andaluza”. ¿Y quién compone este particular ente? Altos cargos de la Junta, empezando por la propia presidenta andaluza, y un total de 26 “organizaciones de mujeres” seleccionadas.

Tal y como señala la propia Junta, el “Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres es un órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta”, y en él están representadas miles de asociaciones y decenas de federaciones que agrupan a más de 200.000 asociadas. En concreto, según datos oficiales de 2017, el número total de asociaciones de mujeres que colaboran con la Junta asciende a más de 2.270, mientras que el de federaciones ronda las 60.

El presupuesto que manejó este organismo en 2018 rozó los 43 millones de euros (https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/presupuesto2018/estado/servicios/servicios.pdf) procedentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pero la inmensa mayoría de ese dinero no va destinado a las víctimas de violencia de género. Para empezar porque el 50% de dicha cifra, unos 22 millones, se va en sueldos y gastos corrientes de la propia entidad (alquileres, facturas, mantenimiento…); otro millón se va a inversiones reales, que es lo que incrementa su patrimonio; y los 20 millones restantes a transferencias de capital, donde se incluyen subvenciones y ayudas, tal y como detalla “Ser Hombre No es Delito”, una web dedicada a desmontar bulos feministas.

1,6 millones van a las universidades andaluzas para “actuaciones en materia de género”.

8,5 millones a ayuntamientos para “centros de información municipales”.

90.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para “atención general”.

Familias e instituciones sin fines de lucro: 3 millones para “potenciación del asociacionismo de mujeres”; 400.000 para “programas de atención social a las mujeres”; 300.000 para “ayudas económicas a mujeres víctimas de la violencia de género”; 200.000 para “atención integral a mujeres inmigrantes”; 700.000 para “atención a la prostitución y tráfico sexual”; 140.000 a UGT y CCOO para “defensa legal en materia de igualdad entre mujeres y hombres” y otros 200.000 por el mismo motivo, pero sin identificar; 39.468 para “actuaciones de formación”; otros 900.000 aparecen sin destino concreto.

Familias e instituciones sin fines de lucro a través de las delegaciones provinciales y territoriales del IAM;: 360.000 euros en “ayudas económicas a mujeres víctima de Viogen”; 190.000 en “atención psicológica a víctimas de la violencia”; 101.981 en “atención integral a mujeres víctimas de Viogen”; 253.785 en “atención especializada a menores expuestos a la violencia de género”.

Como resultado, el IAM destinó a subvencionar la ayuda y atención a las víctimas de violencia de género asciende a un 1,2 millones de euros en 2018, apenas el 2,8% de su presupuesto total.

Y ahora me pregunto yo ¿De ese 2,8% que en teoría se les da a las víctimas de maltrato, cuánto dinero va a las manos de las verdaderas maltratadas?

Cristina Skewes y Juana Rivas, dos falsarias de tomo y lomo. /Foto: alexbolea.es.

El caso icónico de Juana Rivas

En Andalucía tenemos el caso del icono feminista Juana Rivas. Condenada en España por 3 jueces y todavía en juicios en Cagliari por la custodia de sus hijos, que actualmente tiene el padre.

La perito Ludovica Iesu ha presentado ante el juez de Cagliari un informe de 177 páginas donde concluye que Rivas “se ve muy afectada en la función reflexiva”.

“La señora Rivas, por desgracia para los menores de edad, se ve muy afectada en la función reflexiva, en la función empático/afectiva y en la política de acceso al otro padre”. El informe, al que tuvo  acceso el diario El Mundo el 25 de noviembre de 20018, recoge que Juana Rivas “confunde sus propios intereses y emociones con los de sus hijos”.

Juana Rivas ya había denunciado a su marido en 2009 por maltratos. En este caso fue una denuncia mutua de violencia doméstica. Contado por ellos dos a sus amigos de Carloforte (a los que conocí este verano), fue una riña sin importancia a las 4 de la mañana que acabó en denuncia, sin la trascendencia de una denuncia puesta hoy en día en el juzgado de violencia de género, donde al varón se le cae el pelo por tirarse una ventosidad, por ejemplo.

A esa denuncia del 2009,  los medios de comunicación españoles, a las órdenes del feminismo, le han sacado punta a base de bien. Se han cansado de llamar a Francesco (pareja de Juana Rivas) maltratador e incluso insinuando que los hijos corrían peligro.

 

Pero fue en la casa de la Mujer de Maracena (Granada) donde se asesoró a Juana Rivas de forma  nefasta en el verano de 2016, cuando Juana llega de la isla de San Pietro ( Cerdeña) a pasar el verano con sus dos hijos de nacionalidad italiana.

No sabemos si aconsejada o no por la señora Francisca Granados, pero hay muchos indicios, Juana decide poner una denuncia a su pareja a los dos meses de llegar a Granada. La denuncia es por malos tratos en Italia, y cómo no es competencia de los juzgado s españoles tratar unos hechos que suceden en Italia, no se le da curso en nuestros juzgados, pero si la toman cómo válida los servicios sociales andaluces para que Juana pueda cobrar la Renta de Reinserción, sus hijos ser atendidos por sicólogos, acudir a terapias y contar con los servicios jurídicos de abogados de la Junta de Andalucía. Algo inaudito.

No caen en la cuenta los que la asesoran jurídicamente que unos hechos ocurridos en Italia se tienen que juzgar allí, y que en ese país por suerte para los italianos, las denuncias tienen que probarse, pues para el hombre existe la presunción de inocencia allí y hacen falta pruebas.

En ese invierno, Juana recoge firmas junto a otra presunta mujer maltratada: Vanessa Skewes, que presentaron en el Ministerio de Justicia y  en el Registro de la Oficina Central de Atención al Ciudadano, 150.000 firmas para pedir “la protección del menor frente a un padre maltratador. (https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/piden-con-150-000-firmas-que-sus-hijos-no-vuelvan-padres-maltratadores/10004-3165044).

Vanessa había puesto una denuncia de maltrato a su ex marido, y casualidad de las casualidades, la presentó en los servicios sociales de Maracena.

La denuncia de Vanessa a su exmarido fue archivada al comprobarse que el día y a la hora en el que ella decía haber sido maltratada, el presunto maltratador se encontraba a muchos kilómetros de ella.

Y quiero resaltar este detalle tan importante: la denuncia fue archivada y  Vanessa no fue castigada por falsa denuncia.

Después de tanto apoyo por parte de asociaciones feministas y administraciones locales, Juana se envalentona, y decide esconderse con sus dos hijos menores justo cuando varias sentencia la obligan a entregarlos al padre. Era el verano de 2017 y Juana estaba en la casa de todas las españolas, menos en la suya.

Desde la casa de la Mujer de Maracena, se la seguía defendiendo de forma inexplicable, como increíbles son los datos de la  imagen de abajo, un documento que en su momento circuló por Facebook y que no fue denunciado por ninguna entidad pública que sería lo normal de ser falso, por lo que le doy cierta credibilidad. En él  podemos ver el aumento de denuncias en el ayuntamiento de Macarena (27%) con respecto al resto de España (1,93%) o Andalucía (2,49%).

Los niños de Juana, como todos sabemos, volvieron con el padre una vez que Juana Rivas decidió acabar con el secuestro y dejarlos en libertad, y actualmente viven en Italia con el padre, en espera de que la justicia de allí se pronuncie.

Las profesoras del colegio y la gente del pueblo habla de Francesco como un padre “bravo” (estupendo) pendiente de sus hijos,  y recuerdan a Juana como una chica amable y divertida, a la que le gustaba mucho salir, pero poco pendiente de sus hijos. Según me relataron en mi viaje del verano pasado por la isla de San Pietro amigos de la pareja.

Juana, mimada por las asociaciones feministas nacionales y andaluzas y por diferentes políticos, ha pasado al olvido. No interesa ya, porque chirria el informe de la perito italiana y porque su denuncia ya empieza a ser sospechosa. Da la sensación de que ya no interesa nombrarla. Sus historias de mujer maltratada, e incluso de niños maltratados por el padre, tienen poca credibilidad.

Parece que a  Juana hay que mantenerla pero no sacarla, corre peligro de desmontarse con ella el chiringuito.

Juana Rivas, el mito desinflado es como al Ley de Violencia de Género: Una tremenda mentira. Un negocio boyante a costa de las victimas reales, las mujeres asesinadas, a las que las ayudas para protección no han sido suficientes porque el dinero se ha diluido.

Como cuenta Jose Antonio Pallero Bote, en su libro “Yo Maltratado(r) “, que a él le pusieron una pulsera para cumplir con una orden de alejamiento. Esta pulsera, pitaba cuando él se encontraba en Cádiz y su mujer en Madrid, y en cambio no pitaba si estaban a 10 metros de distancia. Otra inversión en pulseras, que no sirven  para nada, y por desgracia no protegen a las mujeres que de verdad lo necesitan, porque no funcionan bien.

Esta injusta ley llamada también de violencia machista, es la causante de muchos suicidios de padres separados de sus hijos y denunciados falsamente. Es la causante de la brecha entre hombres y mujeres y posiblemente incentiva la violencia al tratar de forma tan injusta a los hombres.

Nos quieren hacer creer que las mujeres no matan, no agreden y son extremadamente sinceras. Por desgracia hay asesinos y asesinas, mujeres violentas y hombres. Esto no es cuestión de sexo. A pesar de que el hombre sea más fuerte, no es un asesino en potencia. De hecho en un reciente programa de televisión se trataba sobre este asunto. Entre los invitados estaban Cristina Fallarás y un experto médico criminólogo forense (el Presidente de la Asociación de Criminólogos de España). En un momento del programa la presentadora, María Rey, preguntaba al experto sobre un dato del que no se habla nunca en este país: del número de niños que este año habían sido asesinados por sus madres.

La cifra es escalofriante puesto que el número de niños asesinados a manos de sus madres ha sido de sesenta y siete (cifra mayor que el de las mujeres asesinadas por sus parejas, que ha sido de cuarteta y siete). Cuando se le pregunta al experto por los niños asesinados asesinados de sus padres las cifras caen en picado: no llegan a diez.

Pero los niños asesinados por sus madres al parecer no interesan, no hay subvenciones europeas para luchar contra esta lacra. Es para pararse a pensar y echarse luego las manos a la cabeza,

La entrada La “violencia de género”, un gran negocio en Andalucía se publicó primero en Rambla Libre.


Source: Ramba Libre

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