Se ha consumado la infamia y el Tribunal Supremo acaba de condenar a los imputados por el conocido “caso Blanquerna” a penas de prisión que van desde los dos años y siete meses hasta los dos años y nueve meses.
Recordamos qué fue el caso Blanquerna: una protesta pacífica que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2013 en la “embajada” catalana en Madrid, en la que se estaba celebrando una fiesta de odio masónico-separatista contra España.
Es importante señalar el contexto, pues España estaba viviendo una doble crisis: la económica y la territorial, en pleno golpe separatista en Cataluña. Por ambas crisis los militantes de la extrema izquierda y del separatismo catalán más radical estaban haciendo protestas violentas prácticamente cada día, protestas por las que se iban siempre de rositas, sin multas, sin detenciones, nada, a pesar de sus constantes actos violentos. Desde el separatismo catalán se alentaba el odio más visceral hacia España, cuyos habitantes eran tachados de ladrones, de vagos y de sanguijuelas que robaban a los catalanes miles de millones de euros al año, siendo esa la causa de la crisis en Cataluña. A pesar de esta campaña de odio y de agitación continua, los líderes del separatismo catalán no recibían el más mínimo castigo por parte del Estado.
Manifestación en Madrid a favor de los encausados
Es en este contexto, con una población española absolutamente indignada por los insultos y ataques que recibía a diario, sin que hubiera ninguna respuesta por parte del gobierno del PP, en el que se produce la acción de estos 14 patriotas en Blanquerna. Ese 11 de septiembre de 2013, en un ambiente de impunidad absoluta, los separatistas celebraban su fiesta de odio anti-español nada más y nada menos que en Madrid, la capital de España. Es en ese contexto en el que se lleva a cabo la acción de protesta en Blanquerna. Las imágenes están ahí para el que las quiera ver: varias consignas gritando “No nos engañan, Cataluña es España”, una bandera al suelo, un micrófono arrancado, media vuelta y salida a la calle. Eso fue todo. Ni una amenaza, ni un insulto, ni un acto violento, cero agresiones, cero heridos, cero partes médicos…nada de nada.
Aún así, los separatistas demandaron a los 14 patriotas, llegando a pedir la ridícula cantidad de ¡¡17 años de cárcel!!, esto lo pedían los mismos que en Cataluña estaban dando un golpe de Estado desde el Palacio de la Generalidad y estaban haciendo la vista gorda ante los actos violentos de los cachorros de las CUP en las calles a diario. La Audiencia Provincial de Madrid les castigó a penas entre los 6 y los 8 meses de cárcel, algo que ya era absolutamente excesivo, pues la única pena razonable, en todo caso, sería una sanción administrativa o algún tipo de multa económica. Nada más. Pero los separatistas (siempre aliados del R78) querían venganza y recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo que, de manera incomprensible, multiplicó ¡¡por ocho!!, las penas elevándolas hasta los cuatro años de cárcel. Un auténtico despropósito.

Los condenados recurrieron al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el tiempo fue pasando y tuvo lugar el golpe separatista del 1 de octubre de 2017, que acabó con la extraña declaración de independencia de Puigdemont, su marcha atrás, su huida y la más que extraña e inmediata comparecencia ante los tribunales españoles (a los que supuestamente no reconocían) de casi todos los líderes del golpe. Las sospechas de “apaño” entre los dos bandos aparentemente enfrentados empezaron a circular.
Hubo un juicio y los golpistas fueron condenados a penas aparentemente duras (entre los 9 y los 13 años de cárcel) pero el Tribunal Supremo dejó una “trampa” en la sentencia, ya que dejaba a la voluntad de la Generalidad catalana la opción de conceder un tercer grado (es decir, prácticamente la libertad) a los condenados en apenas unos meses. Y eso es exactamente lo que hemos visto hace unos días. Los golpistas (que han estado en la cárcel viviendo a cuerpo de rey y con todo tipo de privilegios) saliendo a la calle. No solo ellos, también vemos cómo los autores de los disturbios violentos que hubo tras la sentencia están todos en la calle, los CDR acusados de terrorismo están todos en la calle, los etarras van saliendo a la calle poco a poco y hasta su brazo político no solo está en el parlamento vasco sino que se sienta en el mismo parlamento español. Una auténtica vergüenza. Aparte, ni uno solo de los partidos que protagonizaron el golpe fue ilegalizado, ni tan siquiera multado de ninguna manera y siguieron cobrando subvenciones del Estado y sus concejales y diputados en sus cargos y con sus sueldos como si nada hubiera pasado.
Pedro Chaparro (Secretario General de Democracia Nacional)
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional pedía al Tribunal Supremo que repitiera la sentencia, pues había aplicado el agravante ideológico a los acusados sin ni siquiera darles audiencia. Una clarísima irregularidad. Por ese “error” en la tramitación, el Supremo ha retirado la condena por este motivo, pero ha dejado el resto prácticamente como estaba, lo que deja la condena definitiva en dos años y siete meses de cárcel para la mayoría de los imputados y dos años y nueve meses para dos de ellos. Simplemente demencial.
Mención expresa, entre los condenados, a nuestro Secretario General, Pedro Chaparro, pues es uno de los condenados. Un padre de familia trabajador y patriota que, si nada lo remedia, se verá en la cárcel por una acción totalmente pacífica que ni mucho menos merece una condena como esta.
Desde DN convocamos a todo el pueblo español para que se rebele contra esta infamia y para que apoye de todas las formas posibles las acciones y convocatorias que se realicen en apoyo a los 14 condenados.
Porque defender tu Patria no es delito. Todos con Pedro Chaparro, todos con los 14 condenados por el caso Blanquerna.
¡¡Presos políticos patriotas, LIBERTAD!!


Source: Democracia Nacional

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